Sánchez perseguirá los «malos tratos» de la Policía por instrucciones del extremista Consejo de Europa

El mismo Consejo de Europa extremista que financió una campaña de apoyo al velo islámico o que exigió al Gobierno de España la libertad o el indulto a los golpistas catalanes pide ahora a Pedro Sánchez que persiga los supuestos «malos tratos» que la Policía Nacional da a los detenidos. Y el presidente le hace caso a pies juntillas: creará una Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir y criminalizar a los agentes.

Este organismo, a pesar de su nombre, nada tiene que ver con la Unión Europea sino que es una organización internacional de ámbito regional que presume de luchar por los derechos humanos. A pesar de esto, el Gobierno le da una importancia que no tiene y le promete la creación de esta oficina en un informe de respuesta remitido a las recomendaciones que le ha hecho llegar el Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa.

El comité interno del Consejo visitó España en septiembre de 2020 y reconoce que la mayoría de los detenidos con los que hablaron dijeron «haber sido tratadas correctamente por los agentes de la ley». A pesar de esto, también asegura que encontró «un número importante de denuncias de malos tratos, incluso de menores, que afectaban principalmente a la Policía Nacional» y por eso exige los cambios al Gobierno español.

El CPT dice en su informe que esos supuestos malos tratos «se infligían supuestamente como medio para obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido». Además llega a asegurar que  hay «algunas denuncias de abusos verbales» en particular hacia extranjeros y «de esposas excesivamente apretadas».

La petición del Consejo

Todas estas acusaciones, sin prueba alguna sólo la denuncia de algún que otro detenido con el que hablaron, hicieron al Consejo Europeo recomendar al ministro del Interior y a los jefes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que «transmitan un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales y serán objeto de las sanciones correspondientes».

Los malos tratos están completamente prohibidos por ley en España. Y si así fuera serían perseguidos y objeto de una investigación interna en el Cuerpo donde se haya detectado alguna anomalía.

Pues bien, el Gobierno, lejos de defender el buen hacer de sus agentes, se pliega a las peticiones de esta organización y anuncia que creará una Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Eso sí, el Ejecutivo reivindica que «el Ministerio del Interior mantiene una vigilancia estrecha y permanente en esta materia, articulándose y difundiéndose a través de múltiples y diversas vías», lo que incluyen «acciones formativas» tanto para el ingreso como en el marco de la «actualización de conocimientos, promoción profesional, especialización y altos estudios».

La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS) del Ministerio del Interior, explica el Ejecutivo, se encarga de dar seguimiento a las denuncias contra policías y guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, las cuales activan «automáticamente una investigación y seguimiento, garantizando todas las previsiones normativas, bien a través del ámbito penal como disciplinario».

Y a pesar de todo esto, siguen sus instrucciones al pie de la letra y deciden ampliar su vigilancia a la Policía Nacional y a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para contentar a una organización radical.